El Constitucional aplaza hasta el lunes su decisión sobre el asalto de Sánchez a la Justicia
El Tribunal Constitucional (TC) deja en suspenso su posición. Los once magistrados que componen el Pleno de la corte de garantías han aplazado hasta el lunes su decisión sobre el recurso presentado por el PP contra las enmiendas con las que Pedro Sánchez busca acelerar la renovación del órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes. Los magistrados tampoco se han pronunciado sobre las medidas cautelarísimas que solicitaba el partido de Alberto Núñez Feijóo para paralizar la tramitación parlamentaria de las enmiendas, que se votarán este mismo jueves el Congreso. La petición de retrasar la resolución parte de cinco miembros del considerado sector progresista del tribunal de garantías.
La decisión de posponer al lunes la resolución del recurso del PP se ha producido tras un intenso debate, debido a la discrepancia interna que produce este asunto en el seno del Constitucional. Cinco magistrados progresistas han solicitado más tiempo para tomar una determinación. Eso les permitirá «el estudio completo del asunto, a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión, y de los escritos que han sido presentados a lo largo de esta mañana», según han informado fuentes del TC a THE OBJECTIVE.
El Pleno extraordinario, convocado con carácter urgente ayer, ha comenzado con tres horas de retraso ante la cascada de escritos y recursos presentados a primera hora por distintos partidos políticos. PSOE, Podemos y Vox remitieron recursos para condicionar la decisión de los 11 magistrados (hay una plaza vacante, la que rechazó Alfredo Montoya en julio por enfermedad).
Otras fuentes apuntan a que la demora se produjo por la tardanza de los miembros conservadores en acudir a la cita, ya que se encontraban en una reunión interna para decidir qué postura unánime llevarían al cónclave. Sea como fuese, el Pleno en el Constitucional comenzó a las 13.00, tres horas después de lo previsto.
La decisión del Constitucional, en el aire
Esa demora ha llevado a cinco de los 11 magistrados, la minoría de tendencia progresista, a proponer a través de una carta al presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, que se pospusiera el Pleno hasta el lunes. Los firmantes son Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán.
Ese grupo de magistrados alegaba que el ingente volumen de documentos que deben estudiar, les «imposibilita poder participar en la deliberación y votación». González-Trevijano ha decidido aplazar el cónclave unos días, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, con el beneplácito de sus colegas conservadores.
González-Trevijano convocó el Pleno el miércoles a última hora de este miércoles. Las fuentes consultadas afirman que lo hizo sin aportar documentos del tema a tratar, el recurso presentado por el PP para frenar la reforma legislativa con la que el Gobierno pretende reducir la mayoría necesaria en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que debe elegir a los magistrados que le corresponde en el Constitucional. El cónclave, por tanto, nació herido.
En sus escritos remitidos esta mañana al TC, los socialistas y sus socios morados en el Gobierno solicitaban que no se paralizara de forma cautelar la votación de la reforma del Código Penal, que incluye entre otras cuestiones dos enmiendas con las el Gobierno pretende que modificar el sistema de elección de los magistrados del TC. Por un lado, se reducen las atribuciones de ese órgano para examinar la idoneidad de los candidatos y, por otro, se rebajan las mayorías necesarias para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elija a los dos magistrados de la corte de garantías que le corresponde nombrar
La formación morada llegó un paso más lejos al pedir la recusación de dos magistrados, Antonio Narváez y el propio González-Trevijano, por «tener interés directo o indirecto en el pleito o causa». Podemos sostiene en su recurso, de 10 páginas, que a ambos miembros del Constitucional, propuestos por el PP, les beneficiaría aplicar medidas cautelarísimas porque eso supondría que mantuvieran el cargo a pesar de que su mandato de nueve años caducó en junio. Vox, en cambio, emplazaba a los magistrados a paralizar las medidas cautelarísimas en la tramitación parlamentaria, tal y como pedía el PP.
